26 de abril de 2012

Desentrañando el aumento en la yerba





Desde hace semanas, se discute en la Argentina el tema del fuerte incremento que hubo en el precio de la yerba, y el ocasional faltante en varios comercios del país. Aquí van algunos datos para no hablar sin saber.

El productor de la hoja de yerba, gente sin ganancias extraordinarias y generalmente humilde, cobraba hasta este año $ 0,90 por kilo de hoja, lo cual le dejaba una marginal ganancia de subsistencia. Siendo que su rol es fundamental en la cadena de producción, cualquier modificación en sus ingresos genera un desfasaje en toda la cadena productiva.

El aumento acordado con la Secretaría de Comercio Interior para la hoja de yerba permitió que llegue a los $ 1,40, en total un 55,5%, que sintió en la cadena de producción.

En el proceso de llevar la hoja a nuestro mate, se la debe primero enviar a secaderos para luego procesarla. El producto de ese proceso se conoce como yerba mate canchada y cuesta con el aumento $ 5,7 el kilo (antes, 3,30 pesos, por lo que aumentó un 72,7%) . De allí, tenemos la primera diferencia. Es evidente que quienes están a cargo de este proceso absorbieron casi un 20% del aumento de precios en forma de ganancias (además de las que ya tenían).

Además, si a esto le sumamos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), vemos que los precios finales se incrementan en un 21% y quedan de la siguiente manera: Yerba mate, $ 1,70; y Yerba mate canchada $ 6,90.

Las cifras devienen de los siguientes cálculos. Para la hoja de yerba: $0.90 x 56% = $1.40 + IVA al 21% = $ 1,70 final; y para la yerba canchada: $3.30 x 73% = $5.70 + IVA al 21% = $ 6,90 final.

De esta forma, los aumentos a los precios finales son mayores. Se trata de 89% para la hoja verde, del cual 33% es para el Estado;  y 109% para el secadero, del cual el 36% se recauda en impuestos.

La etapa de las procesadoras y el negocio de los supermercados

Esa yerba seca es luego llevada a las grandes empresas procesadoras, que se encargan de cortar la hoja y estacionarla por 9 meses. El precio final en góndola, para la mayoría de las marcas premium (de consumo masivo hasta hace un mes) ronda los 22 pesos, cuando antes se encontraba en 11 pesos.

Esto compone un aumento del 100% (y más, dependiendo de la marca). Se trata de una toma de ganancias en 28% por parte de estas grandes empresas, con beneficios muy superiores a cualquier secadero o productor.

Sin embargo, lo que no se dice es que la yerba que actualmente se vende en los comercios no corresponde a la comercializada bajo las nuevas tarifas, por lo que se intenta sacar 11 pesos más por un paquete producido con la yerba mate canchada a $ 3,30.

Mucho menos se justifica los incrementos especulativos que realizaron algunos supermercados al decidir vender la yerba a 40 pesos, o al limitar la cantidad de paquetes que cada cliente puede tomar. Esta medida es lisa y llanamente ilegal.

¿Cómo podrían ser menores los precios?

Fácil, si el incremento a la yerba canchada fue del 72% (con toma de ganancias de quienes realizan el proceso del secado), las procesadoras no tienen derecho alguno a reclamar un incremento del 28%  para sí mismas. Esto debe ser regulado por el Estado, que no debe permitir rentas extraordinarias a empresas que viven del trabajo de pequeños productores.

Asimismo, una segunda posibilidad (no contradictoria con la primera) que puede evaluar el Gobierno Nacional es la de subsidiar el precio de la yerba con los nuevos ingresos que trae el IVA (impuesto liberal-regresivo de por sí criticable).

Vale recordar que en el comienzo de este conflicto, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tuvo una disputa con los productores de la hoja y con el gobernador de Misiones, Fabián Closs, para que los precios no se incrementen. Si el Gobierno estaba dispuesto a seguir recaudando por los precios anteriores, también podría relegar sus nuevos ingresos.

Como dijimos, tanto en la yerba canchada como en la hoja verde hubo aumentos que rondan el 35% en la recaudación. En cuanto al que se cobra a los supermercados por el paquete de yerba, también representa un 21% de incremento. El Estado podría destinar un porcentaje de esa nueva recaudación para bajar el precio en góndola del insumo.

Conclusión: Defensa de los productores

Consideramos que se debe defender a los productores de la hoja. Son los principales perjudicados por nuestra tacañería, que genera impacto político a la hora de aumentar precios. Lo cierto es que podemos pagar un poco más por la yerba, y ha quedado demostrado que se puede reducir el precio de la misma. Este incremento significa un cambio significativo en su vida y la de los trabajadores del sector, en mucho caso arrendatarios. Creemos que es el Estado el que debe buscar las formas de regular las ganancias empresariales y los ingresos del impuesto regresivo al valor agregado para buscar mantener el precio del paquete de yerba a un nivel accesible.

De esta manera, nos despedimos, esperando haber podido arrojar luz sobre este asunto.


29 de marzo de 2012

Traspaso del subte: Problema del "primer mundo" de la Argentina

$ 245 mil millones de dólares de PBI, lo cual dividido por sus 3 millones de habitantes da un total de 81 mil dólares per cápita (PBI per cápita). Es, en efecto, superior a todas las otras ciudades que sí se hacen cargo de su sistema de transporte. Así es la situación económica de la Ciudad de Buenos Aires.

Salir a reclamar inversiones, diálogo para concretar mejoras en el servicio de diversos tipos, parece algo razonable, debatible. Inclusive, discutir la seguridad que se bride en los subtes, un tema no concretado en el que no es ilógico pedir el traspaso de la Policía Federal (aunque sí habría que disolver la Metropolitana, en ese caso), sigue siendo una alternativa digna de una persona razonable.

Tampoco suena mal proponer una Agencia de Transportes Metropolitanos, como pidió Gabriela Michetti y hoy Mauricio Macri.

Pero que el distrito con mayor PBI per cápita (es decir, más plata por persona, para que quede bien bien clarito), y el tercero en riqueza de todo el país salga a decir que no puede hacer como hacen Córdoba, Rosario, Santa Fe (la ciudad), las intendencias del interior de la Provincia de Buenos Aires y prácticamente TODA provincia del país (que, excepto 2, tienen menor PBI y menor PBI per cápita que la Capital Federal), parece una broma.

Hablamos de mantener 30 líneas de colectivo y de subsidiar (amén del aumento del boleto inclusive) el subte. Es hilarante salir a pedir un trato igualitario con los subsidios y luego pedir una excepción: que los 40 millones de argentinos paguen con sus impuestos el transporte del sector más rico del país.

Hoy, Macri demostró no tener carácter ni madera de presidenciable, y no podemos más que esperar que seriamente la sociedad condene su atropello, que lo condene por creerse el defensor del federalismo y pidiendo, al mismo tiempo, que vuelva a Buenos Aires el control del puerto (uno de los puntos, si no EL punto, más discutidos en las luchas de 1853, previos a la Constitución Nacional que establece el federalismo).

Hoy, se atropelló todo tipo de sentido común con el mayor rejunte de falacias posibles para evitar tomar una situación que, reiteramos, es mucho más sencilla que la que tienen provincias como Río Negro, Salta, Jujuy y Tucumán; ciudades como Córdoba y Rosario; e intendencias del interior de las provincias que se encargan del transporte municipal.

Macri ha demostrado hoy que no está a la altura de las circustancias para dirigir ni una ciudad, ni mucho menos un país, si nos referimos a su propuesta presidencial para el 2015.

PD: Quedará para el recuerdo (como la "estratósfera" de Menem) la mejor frase del discurso del jefe de Gobierno: "No se pueden tomar decisiones con una mayoría en el Congreso, no funciona así la democracia".

9 de febrero de 2012

Cubriendo la “cuestión Kelper”

En los últimos días, el reavivamiento del asunto de las Islas Malvinas ha puesto de manifiesto varios debates a nivel nacional, regional e internacional. Uno de los tantos es qué hacer con los actuales pobladores del archipiélago usurpado, su condición como ciudadanos y su voluntad.
No hablaremos aquí de opiniones simplistas que, como siempre ocurre en un tema complejo, no son más que trabas al debate real. Sí, en cambio, diremos algunas cosas sobre las actitudes y dichos de editoriales de medios argentinos, algunos políticos y filósofos.

Primero, lo primero. Vale recordar brevemente que las Malvinas fueron ocupadas en 1764 por colonos franceses, pero se les unirían ingleses y españoles en 1765 y 1767, respectivamente. En 1811, los habitantes ibéricos (que eran los únicos que quedaban) dejarían las islas despobladas para que, recién en 1820, las Provincias Unidas del Sur -léase Argentina- las ocupasen.

De allí en más, el archipiélago es territorio nacional argentino y es este uno de los principales argumentos en los que se basa nuestro país para realizar su reclamo. En 1833, dos buques británicos arribaron a las islas y echaron a los argentinos asentados allí. Desde entonces (salvo el lapso entre abril y junio de 1982 -Guerra de las Malvinas) son ocupadas por Gran Bretaña.
Eso nos da la pauta para responder algunas preguntas bobas que se formularonen la semana pasada. A los kelpers bien se los puede echar sin permiso de regresar como se hizo previamente, pero no hay por qué ser tan drásticos.

Existen testimonios que narran que los ciudadanos ingleses que viven en las Malvinas son cohercionados para aceptar el dominio inglés. La realidad, y ellos mismos lo aceptan, es que solo dependen en cuestiones de defensa, sea o no ésta necesaria.

Los kelpers son, desde 1983, ciudadanos del Reino Unido, forman parte de un imperio que dirige Isabel II y que compone un mismo Estado. Su derecho de autodeterminación es tan válido como el de los británicos, pero si un inglés forma una colonia en Argentina y alega que vivió toda su vida allí… no dura ni 5 minutos.

La falacia que quiere hacer creer al mundo David Cameron es que las Malvinas son una especie de estado semidependiente de Gran Bretaña, pero en esencia libre y con voluntad de continuar siendo parte del imperio británico. Lamentablemente, algunos en Argentina caen frente a esta trampa.

La cuestión es que se ponen de manifiesto, hoy en día, un siglo y medio de reclamos (el primero lo hizo Mariano Moreno en 1833), un conflicto bélico del que se cumplirán 30 años, y que hayan medios, políticos (representantes de una fracción del pueblo) y pensadores que avalen la táctica mentirosa que el Reino Unido utiliza para ni sentarse a dialogar es triste.

Sus argumentos no dejan de valer, y bien pueden decir lo que se les ocurra en este país, pero la verdad es que palabras que notan mayor preocupación por los ciudadanos ingleses que viven en las Malvinas que por los ciudadanos argentinos que dieron (o pasaron) su vida por la soberanía sobre las mismas duelen.

Por eso no deben extrañarse de que alguien los llame, en ira, “cipayos”, “vendepatrias”, o cosas similares, aunque creo que esta es la mejor forma de discutir el tema. Lo que deben comprender es que acatan el discurso que, hoy por hoy, nos impide acercarnos a un anhelo que comparte la nación entera. Deben estar a la altura de esas circustancias. No titulemos que los kelpers tienen miedo por el anuncio de Cristina Kirchner (4 horas seguidas en Clarín), titulemos que cada día (literalmente) se suman más organismos de DDHH, regionales, nacionales, extranjeros, al reclamo. Celebremos que nunca antes haíamos tenido tanto apoyo en la ONU al respecto.

No vamos a volvernos kirchneristas por querer las Malvinas, ni tampoco nos vamos a volver antis por dejar de quererlas porque no es una cuestión de política local, sino de unidad nacional. Obtenerlas será el mérito de 150 años de reclamos y luchas, y será una victoria de la Argentina, de la UCR, del PJ, del PS, del Frente de Izquierda y de todas las fuerzas políticas que forman parte de nuestro país.

En estos temas, el goce intelectual de sentirse por sobre los demás porque “a mí no me engañan con esto de las Malvinas” no es un lujo que nos podamos dar si nuestro objetivo es que, por fin, Gran Bretaña abandone el territorio que usurpó y los argentinos podamos decir que nuestra patria está completa.

19 de enero de 2012

Cruces por un conflicto de hace meses: La seguridad en edificios públicos

En el día de hoy, se sucedieron cruces por el caso de los barras bravas que ingresaron armados en el Hospital Santojanni para "vengar" a un compañero suyo asesinado a golpes. Es por la cuestión de la seguridad en edificios públicos.

Desde el año pasado, existe una disputa por la decisión que tomó Nilda Garré al asumir el Ministerio de Seguridad de utilizar a la Policía Federal para patrullar las calles en zonas riesgosas.

En abril del 2011, la Federal dejó, previo aviso al Ministerio de Seguridad porteño, de custodiar los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, dejando dicha competencia a la Policía Metropolitana.

De inmediato, el Gobierno porteño indicó que no podía hacerse cargo de la custodia de hospitales y oficinas administrativas por falta de personal. Luego, alegaron falta de experiencia en los agentes que tendrían que destinar.

Durante esos momentos, se organizaron sesiones especiales en la Legislatura para que Guillermo Montenegro respondiera consultas sobre sus anuncios, y se le endilgó que haya decidido utilizar seguridad privada para custodiar las dependencias públicas en vez de reubicar oficiales de la Metropolitana.

En ese momento, el Ministro indicó que "hoy en día la policía Metropolitana no tiene la capacidad para cuidar hospitales y edificios públicos”.

“No estoy criticando la política de [la ministra de Seguridad, Nilda] Garré y coincidimos en varias políticas”, agregó, pero dijo: “Yo personalmente no estoy de acuerdo con que la policía preste servicios adicionales”, considerando como "adicional" la guardia en hospitales y dependencias administrativas.

Ante ello, la ministra Garré dijo en un discurso que "el Gobierno de la Ciudad puede asumir perfectamente la custodia de los edificios públicos. Ellos tienen una Policía Metropolitana con unos 2 mil hombres con un entrenamiento importante, de los cuales unos 800 proceden de la Policía Federal, así que tienen experiencia".

“La Policía Metropolitana estableció que no pueden hacer horas extras, en un intento de proteger al personal policial, porque son tareas que ya tienen un estrés adicional a otros tipos de trabajo. Pero quieren que nosotros le hagamos adicionales a ellos. Es un poquito, en fin, de avivada", había agregado.

El asunto no había llegado a ningún fin, la seguridad privada se mantuvo y se caratuló al conflicto como un intento de denostar al gobierno porteño antes de que comenzara la campaña electoral por las elecciones 2011.

Ahora bien, 8 meses después, ¿acaso la Policía Metropolitana no tiene efectivos para custodiar estas dependencias? Desde su puesta en función (5 de febrero de 2010) hasta el 2011, habían entrenado y/o contratado a 2000 agentes, por lo que se puede suponer que han incrementado la cantidad de oficiales con la que cuentan.

Es más, el lanzamiento de la Metropolitana fue retrasado porque el Gobierno porteño tenía una deuda de 36 millones de pesos con la Policía Federal, a la cual le habían pedido 1700 agentes para custodiar las dependencias públicas (es decir, asumían la responsabilidad de la custodia, pero al no contar con oficiales antes del 2010, utilizaban policías federales).

Entonces, hoy en día, ¿puede la Policía Metropolitana custodiar, al menos, los hospitales? Se trata de la salud, uno de los servicios primordiales en una gestión, y no se encuentra garantizada de manera evidente. ¿Pueden dejar 50 oficiales custodiando la peatonal Florida y enviar 100 a vigilar, aunque sea, los centros de salud que se encuentran en zonas de riesgo?

Los tiempos de elecciones ya pasaron, no es tiempo de chicanas políticas. El Gobierno porteño debe asumir que su fuerza de seguridad fue creada para estos fines, y a partir de ahí trabajar con la Nación para poder realmente dar un servicio esencial a la población. Pasó un año, las cosas cambiaron, pero los problemas no...

18 de enero de 2012

Y, al final, el ajuste no sirvió para nada

En el día de ayer, nos enteramos de una noticia que será grave para la economía global y la local: la agencia Fitch indicaba que Grecia no podría cumplir sus compromisos financieros para marzo, por lo que entraría en default.

El tema nos toca de forma evidente: una crisis global solo conduce al deterioro económico de todos los países, pero a lo que me voy a referir es, más bien, a cómo esto fue tan solo una consecuencia anunciada desde hace tiempo.

Es curioso que Fitch, como otras calificadoras de riesgo, rechazaran la intervención de la Unión Europea en el mercado bancario para reducir la deuda del país helénico de forma voluntaria (léase, un semi-default acordado con Grecia del 50%) y que, al mismo tiempo, apoyaran las medidas de ajuste que violentamente dañan la economía de naciones que se encuentran en ésta situación de deuda soberana.

Es decir, estas agencias parecen oponerse a cualquier tipo de remedio para las economías endeudadas, y encima ahora vienen a decir que, de todos modos, Grecia entrará en default. Ahora, ¿cómo no previnieron esto hace años? ¿La deuda griega se redujo y, de todos modos entrarán en default? ¿Y si no hubiera habido quita voluntaria de deuda?

Este “chistesito” (pues reír es lo único que queda ante estas circunstancias) termina por demostrar que, en verdad, la solución al asunto era siempre rehusarse a pagar. El argumento en contra de esta medida era que, si en 2008 Grecia, España e Irlanda entraban en default, habría crisis global. Pero yo me pregunto, ¿entonces lo del 2008, 2009 y 2011 qué fue? ¿El otoño de la economía?

Europa tiene más de 20 millones de desempleados, la ayuda estatal se ve recortada por los constantes ajustes y parece que los que ganan, al final, siguen siendo los mismos. No se discute quitar intereses a la deuda, no se discute un plan de reactivación económica. Lo único de lo que se habla es de cómo se recorta el presupuesto para que el dinero de los griegos, españoles, italianos e irlandeses vayan a los bancos de Francia y Alemania.

Es inclusive más ofensivo enterarse de la letra chica que algunos de los rescates a Grecia tenían: no solo instaban al país a ajustar para recibirlos, sino que los forzaban a hacer compras ridículas, como destinar millones de euros a aviones militares hechos en Alemania.

Es sorprendente el nivel de colonialismo económico al que se ha llegado en Europa, y que ahora sus viejos aliados (las calificadoras de riesgo que tanto ruido hicieron por el default argentino y las renegociaciones de deuda de los últimos 8 años) se vuelvan en su contra, demostrando que la única solución estuvo siempre en frente suyo.

Ante esto pregunto, cómo un pueblo tan culto (presuntamente, a partir ahora habrá que poner comillas a todo se ve) pueda ser tan políticamente necio. En Italia aplauden que el nuevo Primer Minstro, el tecnócrata Mario Monti, haya renunciado a su sueldo. Pero nada dicen al ver que, al mismo tiempo, llena su gabinete de banqueros y magnates financieros que son los que más ventaja toman de esta situación.

Para ponerlo bien claro: ¿quién se creen que compra los servicios que los estados privatizan? ¿Quiénes son los inversores par excellence si no son los corredores de bolsa y los banqueros, las personas que aún tienen dinero? Capaz debería reformular mi título y poner “sirvió a las personas que se benefician con los ajustes, pues reciben el dinero que se recorta a través de los bonos y las deudas de los países en crisis”.


Italia ha privatizado hasta las visitas guiadas del Coliseo, pero por lo menos su Primer Ministro no cobra un sueldo de 60 mil euros al mes. ¡Ey! ¡Ya los veo saliendo del momento difícil, ragazzi!

Esta inocencia política la vemos presente también en España, donde, por algún motivo, el pueblo pensó que la derecha (representada por el Partido Popular, de Mariano Rajoy) iba a ajustar menos que el “socialismo” del PSOE (!!!!). También en el movimiento de indignados, que bien ha servido para alzar la conciencia sobre los problemas de la juventud y las consecuencias de los recortes presupuestarios, pero no se ha canalizado en ningún tipo de propuesta política que, al menos, pida que se tomen distintas medidas.

Los reclamos siguen siendo reducir los costos de la política, ajustar otras cosas, pero seguir ajustando. ¿De dónde saldrá el gobierno que se de cuenta que el gasto público es, en verdad, una fuertísima inversión económica, que es insertar dinero en los mercados moribundos que generan más desempleo? ¿De dónde saldrá el gobierno que indique que, si no hay dinero, es el sector privado el que tiene que aportar, por un motivo ideológico o, si piensa distinto, por su propio bienestar económico?


Resulta, entonces, que los ajustes no sirvieron para nada, que el default bien puede ser una realidad y que no proviene de una conciencia de lucha, sino de una circunstancia financiera. Cómo evolucionará la situación, no lo sabemos, pero esperemos que traiga un poco de luz en el oscurantismo económico que hoy recorre Europa.